Texto escrito?por Cesar Manzanos (miembro de la Plataforma Vasca Contra Las Macrocarceles):
Tras aprobarse en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebasti?n la propuesta de construcci?n de la incineradora en Zubieta, dentro del rosario de proyectos que acabar?n con ?ste precioso pueblo y sus parajes naturales irremplazables, est? otro que entendemos es tanto o m?s horripilante, anacr?nico y macabro: la construcci?n, junto a la incineradora de una macro c?rcel, eufem?stica y encubridoramente denominada ?Centro Tipo? que con quinientas celdas, podr?a mantener encarceladas a m?s de mil personas.?More...
Esto supone la edificaci?n de una incineradora de personas y de todas las infraestructuras viales adyacentes, donde, al igual que ocurre en las dem?s c?rceles de reciente construcci?n, se hacinar?n, abandonar?n y quemar?n, sumi?ndoles en la desesperaci?n, a cientos de personas tratadas como basura social y condenadas, adem?s de a privaci?n de libertad, al olvido. Menos mal que el gobierno municipal est? en minor?a y que a diferencia de lo recientemente ocurrido con la incineradora, los tres socios del tripartito (EA, PNV, IU) en el Parlamento Vasco se han posicionado formalmente en contra de este proyecto (resoluci?n de 23 de febrero de 2006) y por tanto, al menos en teor?a, en la actualidad las dificultades son mucho mayores para la aprobaci?n de ?ste.?
Ni en Donosita, ni en Guip?zcoa, ni en Euskadi, ni en ninguna parte del mundo se necesitan centros de estas caracter?sticas por mucho que se nos venda su supuesta necesidad acord?ndose de las condiciones infrahumanas de encarcelamiento en la que se encuentran las personas presas en las obsoletas prisiones ubicadas en el Pa?s Vasco tan solo para vendernos proyectos de infraestructuras ligados a intereses inmobiliarios y especulativos, totalmente ajenos a la necesidad de humanizar y ajustar a derecho el actual sistema carcelario.?
Resulta totalmente in?til y perverso construir macro c?rceles cuando a?n no conocemos cuales son nuestras necesidades y demandas sociales en materia de prevenci?n y lucha contra en delito para saber, a partir de ello, cuales son las respuestas penales adecuadas a aplicar en materia de ejecuci?n de penas. Efectivamente nos movemos en un contexto de imitaci?n de modelos fracasados y de inflaci?n punitiva donde la construcci?n de un estado penal, est? suponiendo el recorte de las pol?ticas sociales y la p?rdida de soberan?a de los estados que supeditan sus pol?ticas de prevenci?n y lucha contra el delito a las pol?ticas hegem?nicas de tolerancia cero y criminalizaci?n de la pobreza y la disidencia -pilotadas por los EEUU y sus estados asociados-, y generan un modelo de ejecuci?n penal que supone la industrializaci?n del reciclaje de los efectos m?s visibles de la pobreza y la disidencia, como es el caso de la edificaci?n de macro c?rceles.
La CAPV tiene ciertas competencias en materia de prevenci?n y lucha contra el delito dado que la polic?a aut?noma es competente y sin embargo la din?mica de persecuci?n y lucha contra el delito sigue siendo la misma en cuanto a los sujetos a los que se persigue, los lugares donde se ejerce la vigilancia policial, los bienes jur?dicos que prioritariamente se protegen, etc?tera. Resulta imprescindible revisar en profundidad estas pol?ticas de persecuci?n selectiva del delito para poder saber que sistema penal y de ejecuci?n de penas precisamos.
Adem?s, hemos de tener en cuenta que frecuentemente no coinciden las demandas de seguridad y protecci?n frente al delito que plantea la sociedad con las que define como demandas prioritarias el sistema penal, los sistemas de comunicaci?n hegem?nicos y el sistema pol?tico en su conjunto. Frecuentemente el estado y sus instituciones defienden m?s su propia seguridad que la de la ciudadan?a a la dicen representar y proteger. En este sentido se hace necesario un profundo debate participativo sobre que nuevas prioridades han de establecerse en la lucha contra el delito y que respuestas han de articularse desde las demandas ciudadanas.
El modelo penal actual fundamentado en el concepto de justicia vengativa y en el uso b?lico del derecho no sirve. Busca reproducir la c?rcel y el sistema penal que lo sustenta, concibe el sistema penal como una industria lucrativa de la que viven empresas privadas y particulares (polic?as, operarios del derecho, etc?tera) a base de fuertes inversiones de dinero p?blico. Para ampliar esta industria resulta imprescindible justificar el recurso a la penalizaci?n, inyectando el miedo a la poblaci?n para que esta demande m?s penas, aplicando pol?ticas de encarcelamiento para aumentar la clientela potencial y real de la industria penal.
Uno de los grandes retos que tenemos planteados en la construcci?n de nuevos modelos sociales es como detener estas pol?ticas punitivas que tratan de liquidar el derecho garantista e instauran el estado de excepcionalidad penal mediante la doctrina del derecho penal del enemigo, el incremento de penas en casi todo tipo de delitos, el recorte del acceso a derechos penitenciarios, la construcci?n de m?s plazas carcelarias, etc?tera. La cuesti?n es como desarrollar, en base a las experiencias ya existentes, un modelo de ejecuci?n penal cuya ?nica alternativa a aplicar excepcionalmente sea la privaci?n de libertad y que el resto de medidas penalizadoras, de orientaci?n social, sean la norma, buscando liberarnos progresivamente del recurso a la c?rcel. Se trata pues de dise?ar una pol?tica cuyo objetivo finalista sea que haya menos personas presas y no m?s plazas carcelarias.
Estas orientaciones no nos las inventamos nosotros. Son las que establecen en el seno de la Uni?n Europea los Ministros de Interior y Justicia cuando desde hace ya m?s de tres d?cadas nos plantean los principios y reglas que habr?an de orientar el trato a las personas detenidas y presas: la relativizaci?n de las funciones asignadas al sistema penal como medio de control social del delito, la necesidad de recurrir al respeto del principio de prohibici?n del exceso, la necesidad de recurrir al respeto del principio de m?nima intervenci?n o el convencimiento de que las alternativas a la prisi?n y la apertura de esta no merman los efectos de prevenci?n general en la poblaci?n.
Estos principios y recomendaciones apuntan hacia la necesidad de un nuevo concepto de ejecuci?n penal que de prioridad tanto a los mecanismos de control sobre la ejecuci?n de las penas, como a la definitiva p?rdida de centralidad de la c?rcel como fundamento de la sanci?n, mediante el desarrollo de nuevas pol?ticas? y programas extrapenitenciarios no privativos de libertad como respuesta educativa, integradora, asistencial, formativo-laboral, restitutiva y reconciliadora, donde el protagonismo de las v?ctimas y de los infractores sea decisivo a la hora de solucionar por v?as civiles los conflictos que hoy se afrontan desde la ?ptica penalizadora.
Ni que decir tiene que estas son las nuevas propuestas penales, y que las reformas penales y penitenciarias operadas durante la ?ltima d?cada tanto por el anterior como por el actual gobierno espa?ol van en sentido contrario a estas tendencias. La involuci?n y el progresivo alejamiento de un modelo de justicia democr?tica hacia un modelo de justicia autoritaria se evidencia en el progresivo y exponencial proceso de devaluaci?n de los derechos fundamentales de las personas detenidas, penadas y presas y, en el caso de la c?rcel, en los crecientes problemas de seguridad que afectan tanto a las personas presas como al personal que trabaja en las prisiones, que hace de la c?rcel una instituci?n incompatible con el efectivo ejercicio de lo derecho humanos b?sicos (a la salud, a un trato digno, a la vida, etc?tera).
La c?rcel es un ?xito como negocio, un fracaso como estructura de ejecuci?n penal para garantizar la seguridad ciudadana y dentro de ella de victimas y victimarios. Es una estructura que produce victimizaci?n secundaria. ?Qui?n se va a creer dentro de prisi?n el discursito del respeto al Estado de Derecho, cuando en el seno del mismo se est?n transgrediendo sistem?ticamene los derechos fundamentales de quienes han sido encarcelados por supuestamente violar las leyes? Reconocer las violaciones de derechos por parte del Estado ser?a el primer ejercicio de higiene democr?tica que habr?a de realizarse.
Solamente personas con mentes enfermizas, prepotentes o ignorantes pueden defender la construcci?n de una macro incineradora de personas trat?ndolas como si fueran residuos humanos, junto a una incineradora de basuras en Zubieta, sin antes afrontar estos y otros retos y debates aqu? planteados, a no ser que lo hagan sabiendo que ocultan otros intereses en estos proyectos, o que la lucha por mejorar la convivencia y la paz social solamente les interese como consigna para despistar su apuesta pr?ctica por un modelo de sociedad penitente, desigual e injusta.?
Texto escrito por Escrito por Cesar Manzanos (miembro de la Plataforma Vasca Contra Las Macrocarceles) y apoyado por:
los miembros de la ?Plataforma (Loiola Etxea, Baga-Boga, Arrats, DEE, Ezker Batua Ddonostia, Zubietako Herri Batzarra, Gazte Komunistak, Aralar, Hernani Eliz-bailako Espetxe Patoraltza Taldea, CNT Gipuzkoa, Salhaketa Araba, Kalegorrian Orereta) y con las adhesiones de ACASGI, Sorabila Elkartea y Zutik.
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